Gobierno enviará decreto que superó el veto sobre la UIF a la Corte Suprema de Justicia

Roberto Lorenzana aseguró que es inconstitucional la superación del veto presidencial por parte de la Asamblea Legislativa. | Imagen cortesía: El Diario de Hoy.

Redacción: Gabriel Velásquez

El Ejecutivo remitió hoy el decreto aprobado por los diputados junto con sus argumentos sobre porque debe ser inconstitucional la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. El Secretario de Comunicaciones Roberto Lorenzana, enfatizó que este día se vence el plazo para presentar dicho recurso. 

El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo hoy en la entrevista del canal estatal que será la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien decidirá si la superación del veto presidencial sobre la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República es inconstitucional. El órgano judicial recibirá el recurso del Presidente Salvador Sánchez Cerén donde justifica el porqué dicha reforma es inconstitucional.

El fiscal Douglas Meléndez expresó anteriormente a la Asamblea Legislativa que “la sanción significa un riesgo para la cooperación internacional a El Salvador, además de no poder acceder a información financiera de otros países”. Por su parte, el presidente de la UIF, Jorge Cortez, dijo que el veto presidencial favorece al expresidente Mauricio Funes, pues ya no se podrá acceder a la información que manejan las unidades de inteligencia sobre él. 

El día miércoles 17 de octubre, la Asamblea Legislativa con 52 votos a favor superó el veto presidencial a las reformas de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; en la cual según el artículo 70 dicho veto es inconstitucional. Como efecto de la negativa, del presidente Cerén, se suspendió a El Salvador del grupo internacional anticorrupción (Egmont) un organismo internacional clave en el combate del lavado de dinero.

Aunque, la CSJ recibirá el recurso del Presidente Cerén, será esta misma la que debe enviarlo a la Sala de lo Constitucional para que sea dicha instancia la que defina si es constitucional o no. Pero, este caso se quedará estancado; debido a que el país se encuentra a casi 100 días sin magistrados en en dicha sala, pues la Asamblea Legislativa aún no decide quiénes serán las personas que ostentarán el cargo.