Keiko Fujimori a 36 meses de prisión preventiva

 

Keiko Fujimori, lider del partido opositor Fuerza Popular. / Foto: Luka Gonzales (AFP)

Redacción: Rosa Portillo

Keiko Fujimori, líder del partido opositor Fuerza Popular (FP) y ex candidata a la presidencia de Perú, es sentenciada a 36 meses de prisión preventiva, luego que un juez peruano aceptara la tesis fiscal que la señala como integrante de una organización criminal dentro del FP que lavó US$1 millón provenientes de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El juez peruano, Richard Concepción Carhuancho, dictó este miércoles prisión preventiva de 36 meses contra la opositora Keiko Fujimori, a quien se le imputa ser la cabeza de una organización que junto a otros 11 imputados lavó activos en el interior del partido Fuerza Popular en la financiación de su campaña como candidata a la presidencia en las elecciones de 2011. 

La fiscalía peruana sostiene que Fujimori habría recibido dinero de la empresa Odebrecht en 2011 en forma de soborno a cambio de recibir beneficios con su llegada al gobierno. "Este despacho considera que sí existe sospecha grave sobre la participación de la investigada Keiko Sofía Fujimori en el delito de lavado de activos en condición de líder en organización creada de facto al interior en Fuerza 2011" señaló el juez al sustentar su decisión.

En noviembre del año pasado, un grupo de fiscales viajaron a Brasil para interrogar y  determinar el presunto nexo con Fujimori del exdirector ejecutivo de Odebrech, Marcelo Odebrecht, quien fue condenado a 19 años de prisión acusado de financiar ilegalmente campañas electorales. En la investigación se presentaron copias de la agenda móvil del empresario y entre las anotaciones se leía "aumentar Keiko para 500 y hacer visita".

El juez además consideró un alto riesgo de fuga de Fujimori, al estar sujeta a una pena muy alta, entre 10 años como mínimo y 13 años de prisión como máximo, en caso de ser declarada culpable a futuro. Por su parte la defensa niega todas las acusaciones existentes en su contra y se mantienen en la postura de apelar el mandato de detención preventiva de 3 años.