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El caso de Carla Ayala muestra la misoginia que enfrentan las mujeres en la corporación policial. Foto: Fred Ramos/ El Faro |
A ciento cincuenta y un días de la desaparición de la agente Carla Ayala sus restos han sido encontrados; mientras su agresor sigue prófugo de la justicia.
La semana pasada la Fiscalía General de la República encontró restos humanos en una fosa ubicada en el municipio de San Francisco Javier, en el departamento de Usulután. Tras realizar prueba de ADN los resultados
confirman que estos son de la agente Carla Ayala, agredida y desaparecida desde el 29 de diciembre de 2017 después de una fiesta de fin de año en las
instalaciones del Grupo de Reacción Policial (GRP) de la Policía Nacional Civil (PNC).
El juez 6° de Instrucción de San Salvador, Roberto
Arévalo Ortuño, cambió la tipificación del delito de privación de libertad a
feminicidio agravado; tras considerar el ataque un crimen de odio por su
condición de ser mujer. La medida permite que pase a un "Tribunal especializado para una vida
libre de violencia contra las mujeres", tras declararse incompetente para continuar con el caso.
Hasta el momento se
encuentran siete personas procesadas, entre policías y civiles, por su
complicidad con el agente de la GRP, Juan Josué Castillo Arévalo, alias
Samuray; principal acusado de asesinar a Carla Ayala. La PNC ofrece
actualmente una recompensa de $5,000 por colaborar con información fidedigna que permita lograr su captura.
Diversas organizaciones feministas en el país señalan que el caso de Carla marca un punto de inflexión en cuanto al contexto de
violencia contra las mujeres en El Salvador; pues denuncian la complicidad de las autoridades
desde su posición de poder dejando al descubierto la misoginia dentro de la
corporación policial.
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