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jueves, 6 de septiembre de 2018

La Corte Penal Internacional investigará la deportación de los rohinyá de Birmania

Grupo de personas migrando hacia Bangladesh. / Foto: EFE

Redacción: Katherine Lino

Una de las salas de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI), concluyó este jueves que puede ejercer su jurisdicción para investigar la supuesta deportación del pueblo rohinyá de Myanmar a Bangladesh, después que la Oficina de la Fiscal pidiera investigar a Birmania por transferencias forzosas y deportaciones.

La Oficina de la Fiscal había recabado información de diversos organismos de la ONU, medios de comunicación y  entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch para evidenciar los supuestos abusos hacia el pueblo rohinyá desde agosto de 2017. Según la Fiscal esto genera las diferencias entre los rohinyá de Myanmar y Bangladesh, por ser una minoría étnica musulmana que no es reconocida por las autoridades birmanas.  

Los jueces han declarado que los supuestos crímenes se habrían cometido en parte de Bangladesh, un país que ha ratificado el Estatuto de Roma, carta funcional del tribunal de La Haya.Con esta decisión la CPI responde a la solicitud realizada por la Oficina de la Fiscal que había pedido investigar las transferencias forzadas y las deportaciones como “crímenes de lesa humanidad”. Por su parte, Birmania ha expresado su desacuerdo con la decisión tomada por la Corte penal internacional. 

“Un elemento de este delito, el cruce de una frontera, tuvo lugar en el territorio de un Estado parte del Estatuto de Roma, Bangladesh”, declaró el tribunal que tomó su decisión por una mayoría de dos votos contra uno.

Alrededor de 700.000 rohinyás han migrado de Birmania hacia Bangladesh desde el 25 de agosto de 2017, a raíz de una campaña militar en respuesta a un supuesto ataque de un grupo insurgente contra puestos policiales y fronterizos. Por otra parte, aún falta la reacción de Myanmar, debido a que sus autoridades acusaron al tribunal de suspender su principio de soberanía por no ser firmantes del instrumento constitutivo del Estatuto de Roma.


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