OEA asegura que hubo crímenes de lesa humanidad en Venezuela

El secretario de derechos humanos, Santiago Cantón, sostiene el informe de 400 páginas que relata los crímenes que se cometieron en Venezuela desde hace dos años. Foto: AFP.

Redacción: Alejandra Chávez

El informe del grupo de expertos que el secretario general de la OEA Luis Almagro, asignó para investigar actos que violentan los derechos humanos en Venezuela, concluyó  que el Gobierno de Nicolás Maduro ha cometido delitos de lesa humanidad, por ello, ya existe base legal para denunciar ante la Corte Penal Internacional, El informe de 400 páginas presenta "fundamentos suficientes para la acusación".

En una rueda de prensa en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, El secretario de derechos humanos Santiago Cantón, aseguró que en Venezuela se han llevado a cabo 131 ejecuciones extrajudiciales, cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado o por los llamados "colectivos", ciudadanos que supuestamente se coordinan con las autoridades para reprimir manifestaciones.

Santiago Cantón denunció un "plan sistemático" que el gobierno del presidente Nicolás Maduro utiliza  para ejercer el "control social" y afirmó que el grupo de expertos ha identificado "una clara persecución política expuesta en todos los crímenes de lesa humanidad" que han sido recogidos en el informe y que con llevan una clara violencia en materia de derechos humanos en el país. 

El experto dijo que el informe tiene denuncias de 8.000 homicidios, 12.000 personas detenidas arbitrariamente en los últimos dos años, 289 afirman  tortura y 192 casos de violencia sexual contra hombres y mujeres, que llegaron a sufrir "descargas eléctricas en sus genitales", hechos que según el Secretario de los derechos humanos de la OEA deben ser atendidos y resueltos. 

La OEA como institución no tiene capacidad para enviar un caso a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, pero sí pueden hacerlo cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo panamericano que han suscrito el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte. Si ningún país diera ese paso, el Secretario General de la OEA podría enviar a título personal la información a la Corte Penal Internacional.